Transmilenio y la precarización de la vida.

TransmilenioFoto por Oscar Amaya

Un sistema de transporte masivo, tan deficiente como el Bogotano sumado al colapso de las vías por el alto número de vehículos, constituye la problemática que es la movilidad en la ciudad. Por lo cual el alcalde Peñalosa reconociendo el peso del segundo factor y haciendo uso de su genio, el mismo que protege el medio ambiente pavimentando reservas forestales, decidió incentivar el uso del transporte público incrementando la tarifa de Transmilenio en $200 pesos.

Este aumento entró en efecto el 3 de febrero, un día antes del día sin carro en el cual, a propósito de su versión del capitalismo verde y desarrollismo, Peñalosa planteó la posibilidad de horas pico sin carro. “Para que durante esas horas pico. Los ciudadanos que van en transporte público vayan muy rápidamente y los que vayan en bicicleta no tengan trafico, ni contaminación”.

Mientras tanto a quienes habitan en Bogotá, en medio del descontento que se manifiesta en los bloqueos de esta semana y la pasada, les ha tocado asumir el aumento y pagar los dos mil pesos para el pasaje. Dos mil pesos que significan $400 pesos diarios más para el transporte, $400 menos para el pan, $400 pesos más para mantener un sistema de transporte que deja la mayoría de sus ganancias a los operadores privados y que cada vez funciona peor. Un sistema ideado en la pasada administración de Peñalosa, que ya ha exhibido el talante reaccionario de su nueva administración, dando fin al asistencialismo de la alcaldía pasada y rompiendo con el tinte socialdemócrata de Petro, demostrando que busca recuperar Bogotá para los intereses de la oligarquía y su clientela política.

Gran parte de esos intereses se encuentran en Transmilenio, que de cada $100 pesos de ingresos, da $95 a los operadores privados del sistema. Es a ellos a quienes beneficia el sistema de transporte masivo, que según el alcalde hace lo mismo que un metro. Es a ellos a quienes beneficia una troncal por la avenida Boyacá y es a ellos a quienes se les llenan los bolsillos con el aumento en la tarifa de Transmilenio, es en beneficio de ellos que gobierna Peñalosa. Y es en defensa de esos intereses que, los medios convierten a lo que antes llamaban usuarios indignados, en agitadores profesionales.

Es en beneficio de los intereses económicos de las élites, que Peñalosa “defiende” las vías y el espacio público. Tal como lo demostró en el caso de Rubiela Chivará, quien murió esperando algún tipo de atención médica. Su problema humano fue desatendido, pero una vez convertido en problema de movilidad recibió la efectiva atención del ESMAD, que se encargó de recordarles a las manifestantes que la policía está para mantener la paz social y la democracia. Una paz en la cual solo tienen el derecho a morir en silencio y el deber de celebrar una democracia que, en nombre del bien común, las explota y deshumaniza para el beneficio de unos cuantos. En nombre de la democracia el ESMAD les recordó que aquí, como en París, el derecho a la protesta y la libre expresión se acaba donde empiezan los derechos económicos de la burguesía.

Es por esto que cuando la policía anuncia operativos para identificar y multar a quienes se cuelan al sistema bajo el pretexto de que generan pérdidas significativas para el Distrito y por extensión a las ciudadanas, se hace aún más evidente el hecho que, los intereses que cuida la policía no son los de las ciudadanas, ni de las trabajadoras del sistema, que deben realizar sus funciones bajo pésimas condiciones laborales. El Distrito pierde dinero con Transmilenio por la forma como se distribuyen los ingresos del sistema, no por quienes se cuelan.

Quienes se cuelan en el sistema, una minoría en relación con la totalidad de usuarias, son las mismas ciudadanas, no una horda de barbaros sin “cultura ciudadana”. Lo hacen porque mientras el pasaje aumenta un 11%, el salario mínimo apenas tiene un reajuste de 7%. Lo hacen porque $1800 ya era bastante, y el viaje de ida y regreso se ha encarecido en $400, que significan $2000 pesos a la semana y al mes $8000, que incrementan el precio de la vida. Lo hacen porque no están dispuestas a pasar necesidades en nombre de una moral ficticia que en la práctica, significa la sumisión al orden establecido y sus mecanismos de control.

Las coladas de Transmilenio entienden muy bien el peso que el incremento significa en sus gastos diarios y comprenden que esos 200 pesos solo enriquecerán a las de siempre. No pagan el pasaje porque saben que Transmilenio no es de ellas, saben que no le quitan $200 a las demás ciudadanas, a su comunidad, a sí mismas, sino a los privados que se lucran a través del sistema y del Distrito. A las que los reprimen para defender sus intereses económicos y explotar al pueblo. Es este acto de defensa, frente a la precarización y el empobrecimiento sistemático de la clase trabajadora, el que la policía, bajo órdenes de Peñalosa, reprime y criminaliza. Como también lo hace con las vendedoras ambulantes que en la calle y en los buses del sistema tratan de ganarse el pan y suplir sus necesidades.

Entendiendo que si bien hay diferencias tangibles, en esta administración como en la pasada se “recuperó” el espacio público y se tomaron medidas contra las coladas, cada una de acuerdo a sus propuestas políticas. La actual apuntando a una política de “seguridad ciudadana” que convierte a la desposeída en un enemigo público agrupando a la policía y la clase media en su contra, para mantener los privilegios del poder establecido. La pasada, haciendo lo propio, operó de acuerdo a un ciudadanismo y una política “alternativa” que, usando a los movimientos sociales como base electoral, los transformó en clientela y terminó por dar forma a un reformismo que, acomodándose a las dinámicas del capitalismo, es incapaz de cuestionar o romper la estructura de dominación.

Frente a este panorama es importante recordar las movilizaciones del 2013 en Brasil por la reducción en las tarifas del transporte público, para entender lo fundamental que son las movilizaciones y la defensa de la acción directa, “colatones” y bloqueos, por parte de los usuarios como una forma legítima de protesta. Es igualmente fundamental apostar por la organización de base que, nacida en el dinamismo de la vida social, sea capaz de tomar las protestas y darles una finalidad clara, para potenciar su efectividad en la lucha contra el alza de las tarifas. Una organización como las ligas de usuarias, que agrupandolas en coordinación con las trabajadoras, haga ejercicio de la solidaridad efectiva, apoye la mejora de sus condiciones laborales y sea capaz de ejercer el control popular y obrero del transporte. Una organización que construyendo desde abajo y por fuera del Estado aporte a crear un pueblo fuerte, capaz de librar sus propias luchas, capaz de construir un transporte popular-comunitario y convertir el derecho a la movilidad en libertad de circulación.

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